La Dirección Regional de Salud pagó S/1 millón 899 mil por una planta generadora de oxígeno para el centro de salud de la provincia de Huancabamba, que en la actualidad no funciona.

Ante la falta de operación de la planta y ante la necesidad de los pacientes afectados por la COVID-19, la Diresa se vio obligada a firmar un convenio con un particular para dotar de oxígeno al centro de salud, con un pago extra de S/52.000.

Estos fueron los hallazgos de la Contraloría que se publicaron en el informe de control específico N° 009-2022-2-4529-SCE de agosto pasado.

Por esta irregularidad, los auditores hallaron presunta responsabilidad penal en los funcionarios: Alixs Saona Rodríguez, Hugo Santos Vásquez y Félix Vega Ayala.

Ellos tuvieron a cargo el proceso de selección. También se halló responsabilidad administrativa en el exdirector de salud, José Nizama y el jefe de Asesoría Legal, Helber Lara Camacho.

También se detectó que las especificaciones técnicas de la planta de oxígeno no eran compatibles con el generador que se había comprado con anterioridad.

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