Cuando Domingo Flores (Barcelona, 66 años) se queda en silencio, se escucha el rumor de la máquina de oxigeno a la que permanece conectado todo el día, salvo cuando experimenta cortes de luz en su casa, en el barrio de Sant Roc, en Badalona, algo habitual en los últimos años. En estos casos recurre a un respirador portátil, con una duración de hasta tres horas, o bien a una bombona de oxígeno que, sin embargo, le “hace mal”: “Me pongo muy nervioso cuando hay cortes, me agobio, tengo ansiedad. Yo me tiro dos horas sin esta máquina y lo paso mal”, describe Flores, mientras muestra las múltiples cajas con medicamentos que tiene que consumir cada día. Endesa, que cubre la mayor parte del mercado de suministro eléctrico en Cataluña, atribuye a “la mala praxis de algunos vecinos” los problemas de conectividad en barrios vulnerables como este. Con todo, muchos de los que allí habitan, junto con diferentes entidades sociales y representantes de la administración, recelan de los argumentos y las medidas de la compañía eléctrica.
Endesa argumenta que el fraude eléctrico es el denominador común en todos los barrios donde se produce el mayor número de cortes de luz: tanto por no tener contadores, como por los pinchazos en la red pública y la sobrecarga derivada de plantaciones de marihuana en algunos pisos. El director de Distribución de la compañía en Cataluña, Francesc Alemany, detalla que Endesa ha cambiado su estrategia en los últimos meses para intentar mejorar el servicio: “Se están haciendo acciones puntuales de aumento de potencia en la red para reducir la afectación de los clientes que no defraudan”, afirma.
En uno de los barrios más afectados por los cortes en los últimos años, Font de la Pólvora (Girona), con 1.785 vecinos, Endesa estima que un 50% comete fraude en el fluido eléctrico. En barrios como Sant Roc (Badalona), La Mina (Sant Adriá del Besòs) y el Culubret (Figueres) no se ha hecho la misma estimación detallada, pero calculan que es similar. Tanto en Reus como en Constantí, en Tarragona, y en otros barrios de Lleida también existe esta casuística, aunque en inferior medida.
Al menos cuatro personas necesitan de respiración asistida en los bloques de pisos de la calle Alfonso XII de Sant Roc, donde viven entre 800 y 1.000 personas. Domingo Flores, que trabajaba como vendedor en mercadillos hasta que tuvo que retirarse debido a sus problemas de salud hace siete años, recibe una paga contributiva de 400 euros y reconoce que “no puede pagar” la luz: “Primero tenemos que comer”, afirma. En casa vive junto a su esposa y sus dos hijos mayores, que, según Flores, tienen “problemas de salud mental” y, además, no han podido acceder a un trabajo. Su caso no es el único. Un piso más arriba vive Mohammed Ariful, de 37 años, junto con su esposa, sus padres y su hermano. Este último, expone, ha tenido que teletrabajar como profesor de inglés durante parte de la pandemia. Con los cortes, “especialmente frecuentes en los últimos dos años”, tuvieron que comprar un pequeño generador de carga para poder enchufar el router o cargar el ordenador y que así pueda realizar su actividad docente; no sin muchos inconvenientes, subraya.
Las dificultades de desplazamiento de su padre, con diabetes, agravadas por la oscuridad que puede sobrevenir en el barrio; que se estropeen electrodomésticos; o que se eche a perder la comida, entre otros aspectos, son algunas de las consecuencias de los cortes de luz que describe. En su unidad familiar casi todos trabajan. Este empleado hotelero afirma que tienen contador y que su situación laboral les permite pagar las cuentas, aunque las interrupciones en el suministro les afectan de igual manera. En ocasiones, también cuando les llega el recibo: según expone, los pinchazos sobre su red eléctrica le supusieron hace unos años un sobrecargo de más de 3.000 euros en un periodo de cuatro meses. Al no poder justificarlo, lo tuvieron que solventar: “Sino nos cortaban la luz”, lamenta.
Desde hace unos días, Endesa realiza “trabajos de mantenimiento y de mejora en la red de distribución” en este barrio, según reza un documento que ha colgado la empresa en las paredes de los edificios y en el que anuncian nuevos cortes de luz mientras duren las reformas. Frente a uno de los bloques se ha podido observar a operarios trabajando durante los últimos días. Ariful, sin embargo, recela de los resultados: “Lo que hacen es poner parches: es como poner tiritas para un apuñalamiento. No paras de sangrar”, describe. En ello coincide con las entidades sociales. Maria Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética, lo sintetiza así: “Lo que hace Endesa es ir haciendo parches que no resuelven el problema de raíz. Llegan muy tarde, y las familias no están tranquilas, no confían, porque saben que quizás han pasado períodos en los que no han tenido cortes, pero que estos finalmente vuelven.”
Alemany considera que la empresa que representa es un “chivo expiatorio” en medio de “un problema social que crece”, como es el de la marihuana en Cataluña: “Corresponde a la Generalitat y a los Ayuntamientos resolver esta situación”. Los vecinos y las entidades sociales reconocen que los cortes coexisten con los pinchazos en la red y las plantaciones de marihuana, pero defienden que esto no excusa a la compañía de proveer un suministro adecuado. Carles Sagués, portavoz de la plataforma Sant Roc-Som Badalona, apunta que, contrario a lo que se puede deducir de aquellos argumentos, “alguien se puede imaginar que esta zona está llena de plantaciones, pero no es así”. Hace 15 días, agrega, los Mossos d´Esquadra hicieron una intervención contra la marihuana en un bloque de pisos en la calle Alfonso XII. “Al día siguiente los cortes de luz continuaron”, subraya. Campuzano, por su parte, evoca “una sentencia de Girona en la que el juez decía que el hecho de que haya plantaciones de marihuana no puede ser una excusa para que las familias no tengan garantizado su derecho a luz”.
En el Culubret, uno de los barrios más afectados, los cortes continúan. Santiago, un vecino en esta zona, mantiene que pueden llegar a haber entre tres y cuatro cortes diarios, con una duración de hasta cinco horas: “Esto hace 12 años que dura, estamos desamparados de todas partes, de la justicia, la Generalitat y el Ayuntamiento. Nos han hecho muchas promesas, como decir que habían reservado una partida de 65.000 euros para poner generadores en las casas, o placas solares en la escuela y nadie lo ha visto. No vemos solución”, lamenta. En este barrio también hay vecinos con necesidades especiales, según agrega Santiago: “La gente con respiradores o medicamentos que necesitan estar en la nevera lo pasa muy mal durante los cortes”, asegura.
El barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besós, “consiguió poner 300 contadores” gracias a que la administración fue “puerta a puerta” para ver qué situación tenían las familias e informarles de cómo podían regularizarse, según expone Maria Campuzano: “Muchas personas están enganchadas a la red porque creen que no tienen otra opción. El Ayuntamiento tiene que ir casa por casa para ofrecerles alternativas, porque las hay, sea el piso tuyo, estés de alquiler o incluso si estás de ocupación. A todos se les puede regularizar, pero es necesario informarles de que hay una ley en Cataluña que te protege contra los cortes”, argumenta en alusión a la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Campuzano mantiene que, en caso de que el ayuntamiento no lo haga, es necesario ir a los servicios sociales para pedir un informe de vulnerabilidad, y así “estar tranquilo de que no te van a cortar la luz o vas a sufrir un incendio, porque ese, además de no tener garantizado el suministro, es uno de los problemas de estar pinchado, es que es peligroso”, alerta. Con todo, subraya que también se tiene que garantizar que “cuando estas familias tengan su contrato efectivamente les llegue la luz”: “Es necesario que Endesa ponga las instalaciones en buen funcionamiento”, apunta.
El objetivo en Sant Roc es seguir los pasos de La Mina en este punto. David Torrents, tercer teniente alcalde y regidor de Protección Social en el Ayuntamiento de Badalona, señala que en unas semanas intentarán que aquellos que tengan informes de vulnerabilidad “puedan tener contadores sociales”. Además, mantiene, el Ayuntamiento de Badalona quiere “poner en funcionamiento este año” el estudio de la situación de los vecinos “puerta a puerta”, tanto para la calle Alfonso XII, la más afectada por los cortes, como “para otras zonas del distrito”; algo que todavía “no” están “en disposición” de hacer, mantiene, pero que está planteado.
En Girona han avanzado que actuarán en consecuencia con lo que diga la Auditoría externa sobre el estado del suministro en la Font de la Pólvora, que seguramente presentarán esta semana. La edil de Derechos Sociales, Núria Pi, ha avanzado que si se confirman las denuncias de los vecinos, que mantienen que el cableado de la luz está obsoleto y no lleva suficiente potencia, se reclamará a la eléctrica y si está todo en orden se buscará cómo regularizar la situación de aquellos que no tienen contador y pinchan la luz directamente de la iluminación pública.
Por su parte, el vicealcalde del Ayuntamiento de Figueres, Pere Casellas, mantiene que el Ayuntamiento está preparando un informe para la Fiscalía en el que estudian los últimos 11 años de cortes de luz y las consecuencias sociales que ha tenido en el Culubret, así como cuantificar los daños causados a la iluminación pública. Casellas muestra su “total apoyo” a los vecinos y carga contra Endesa, de quien dice que “no ha invertido lo suficiente” en la red de suministro. En su caso, tampoco quiere atribuir los cortes directamente al cultivo de marihuana porque, según dice, “pasa en muchos otros pueblos y ciudades donde no hay cortes”.
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